DDHH Hoy. El coronavirus y los derechos humanos en Latinoamérica

Los efectos de la  pandemia del coronavirus que hasta la fecha ya ha infectado a casi 5 millones de personas y ocasionado la muerte de más de 300.000, han paralizado al mundo este primer semestre del año 2020, lo que no solo tiene implicaciones económicas, sino también importantes repercusiones en el ámbito de los derechos humanos.

Shammyra Terán (*)

En primer lugar debemos recordar que la salud es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo no. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comprende mucho más que la ausencia de enfermedad. La pandemia ha tenido graves consecuencias en los ámbitos sociales, políticos y económicos en todo el mundo, y estos mismos  ámbitos ejercen gran influencia en el estado de la salud de los individuos y en su calidad de vida.

Como ya lo señaló anteriormente el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres en un comunicado oficial, el impacto del virus si discrimina en cuanto a las desigualdades de acceso a los servicios públicos, al analizar esto, no podemos pasar por alto el hecho de que América Latina, si bien no es la región más pobre del mundo, si es considerada como la más desigual. Se puede afirmar que hasta la fecha, la mayoría de los gobiernos de América Latina han tomado con seriedad las medidas preventivas para evitar posibles colapsos en sus vulnerables sistemas de salud. Ya a principios de abril la ciudad de Guayaquil en Ecuador fue noticia a nivel mundial precisamente por el colapso en sus sistemas sanitario y funerario,  exponiendo así la gravedad de lo que supondría no gestionar correctamente la crisis.

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A mediados de abril, el Fondo Monetario Internacional confirmó que las consecuencias económicas de la pandemia han sumido la economía global en la peor recesión económica en 90 años, superando notablemente la crisis financiera global de 2008. Estas consecuencias económicas ponen en riesgo millones de puestos de trabajo en todo el mundo, lo que a su vez se traduce en un aumento en los índices de pobreza y desnutrición. Los esfuerzos de los gobiernos deben orientarse a la protección de la población vulnerable y en la colaboración estrecha con el sector privado para poder reactivar las economías nacionales.

La prisa por detener el avance del virus ha llevado a la mayoría de los gobiernos de la región a radicalizar las medidas preventivas, entre las cuales se incluyen en primer lugar el denominado confinamiento o cuarentena social, junto con el cierre de fronteras terrestres, fluviales y marítimas, así como declaraciones de toque de queda y la imposición de multas a las salidas no justificadas, aplicadas en Argentina, Colombia y Chile y casos más extremos como las detenciones consideradas arbitrarias que han sido ejecutadas en El Salvador. Además de estas detenciones, según el informe que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos presentó a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia de ese país, también se incluyen “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos por incumplir la cuarentena. Si bien es crucial preservar la salud de los ciudadanos, bajo ninguna circunstancia hay que comprometer la integridad de aquellos que incumplan las medidas de confinamiento, el respeto por los derechos humanos debe de ser el pilar fundamental que oriente el accionar de los gobiernos.

En el contexto de la pandemia, incluso el derecho a la educación se ve especialmente comprometido en las zonas rurales y vulnerables de toda Latinoamérica, debido a las dificultades de acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo los objetivos educativos. En el caso particular de Venezuela, la situación es preocupante debido a que gran parte del país sufre de fallas constantes del servicio de energía eléctrica, asimismo, la conectividad de sistema de internet es considerada como una de las más lentas del mundo según un estudio realizado en el 2019 por el portal Speedtest Global Index. Aún así, mediante comunicados oficiales los ministros de Educación y de Educación Universitaria ya anunciaron que los planes educativos en casa se extenderían hasta agosto e instaron a las instituciones públicas y privadas a adaptar y establecer el plan del año académico conforme a las medidas de contingencia

Podemos considerar que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus marca un antes y un después en el desarrollo global, obligando a los gobiernos del mundo a preparar soluciones que sean adaptables a lo que se va entendiendo como “la nueva normalidad”,  por lo que se debe de tomar en consideración como pilar fundamental el resguardo de las personas y el fomento de sus derechos humanos.  Y si bien los escenarios futuros no son los más esperanzadores, por lo menos hasta que se halle una vacuna eficaz, se puede considerar que esta crisis puede derivar en valiosos aprendizajes sobre la importancia y la necesidad de incrementar los recursos de los sistemas de salud pública, la investigación y el reconocimiento a los trabajadores esenciales que están sacando adelante al mundo día a día.

 (*) Colaboradora del Centro para la paz y los Derechos Humanos de la UCV

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