Presbítero Herrera: “No existe paz sin una verdadera justicia y equidad”

El presbítero  de la Parroquia universitaria y Coordinador del Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, Raúl Herrera, afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) viola por acción y por omisión la Constitución y por ende los derechos de los venezolanos como lo demuestra la suspensión ilegal del referéndum revocatorio y la postergación de las elecciones regionales.

Vilma Canelón /Fotos: DIC-UCV

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Del mismo modo señaló que “el TSJ, abusando de su autoridad,  está demostrando que no es un tribunal independiente, ni está con la Ley, ni con la protección de los ciudadanos; por el contrario está al servicio de un grupo de poder, y por consiguiente es un ataque a la paz social, porque sin una verdadera justicia apegada a la Ley no puede haber paz”.

Al preguntársele al presbítero Herrera si considera que la violación por acción u omisión de la Ley por parte de los tribunales puede estar induciendo violencia en el país, respondió que, enérgicamente, agregando que los órganos jurisdiccionales no pueden beneficiar a un grupo de poder para dañar y violar los derechos de otros, como son los ciudadanos de a pie.

“Todo ello lo podemos evidenciar cuando se viola el derecho a la salud y a la vida (a propósito de la falta de medicamentos), a la seguridad, y a los derechos civiles y políticos, frente a lo cual   los tribunales no se pronuncian.”

Explica que cuando no existe una verdadera justicia no puede haber paz. “No se puede hablar de paz sin justicia y sin perdón”.

Prosigue diciendo, “por ejemplo, podemos hablar del caso colombiano, con las negociaciones y acuerdos de paz entre gobierno colombiano y la Farc, donde los ciudadanos -mediante un plebiscito impulsado por el propio gobierno- se expresó sobre dicha negociación”.

En este sentido, le recuerda al CNE que siendo uno de los 5 Poderes creados en la carta magna para garantizar la democracia mediante el ejercicio del sufragio, lo viola, tal como pasó con los ciudadanos que cumplieron con la primera premisa impuesta por este ente electoral. “Acciones que, en concordancia con tribunales regionales incompetentes, obstaculizaron así los derechos de la población, en poder decidir quién permanece o quién se va de los cargos de elección popular, según lo establecido en la Constitución de manera muy clara”.

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